El Gobierno de Cataluña ha aprobado, el martes 3 de noviembre, un decreto ley que prohíbe los desahucios mientras dure el estado de alarma o las restricciones a la movilidad hasta que el gran tenedor propietario de la vivienda ofrezca un alquiler social obligatorio. La portavoz del ejecutivo catalán, Meritxell Budó, consideró, en una rueda de prensa, que "la situación actual es particularmente grave en el contexto de las restricciones a la movilidad establecidas para luchar contra la Covid-19".

El diario digital de la Acción Social en Cataluña (Social.cat) divulga la noticia. Puedes leer el artículo completo aquí.